Lo afirma coordinadora del Observatorio de
la Salud CIES, Margarita Petrera, al presentar estudio
LOS ASEGURADOS DEBEN SABER SUS DERECHOS
Revela que, al 2011, el Seguro Integral de
Salud (SIS) ha logrado afiliar al 72% de la población en pobreza
Lima [VyV comunicaciones] - Es necesario un
empoderamiento del asegurado en el Perú, sostuvo la coordinadora del
Observatorio de la Salud del Consorcio de Investigación Económica y Social
(CIES), Margarita Petrera, al mencionar que muchos de los usuarios no conocen a
lo que tienen derecho. Fue durante la presentación del estudio Monitoreo
Sanitario desde la Sociedad Civil, Perú 2007 - 2011. Seguimiento nacional con
énfasis en Arequipa y Piura, elaborado como parte del Proyecto
“Promoviendo el derecho a la salud de los más pobres”, financiado por la
Cooperación Belga al Desarrollo.
Petrera Pavone dio a
conocer una serie de indicadores recogidos con el procesamiento de las bases de
datos de las encuestas producidas por el Instituto Nacional de Demografía e
Informática: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar (ENDES). Reveló que, al 2011, el Seguro Integral de Salud (SIS)
ha logrado afiliar al 72% de la población en pobreza: 80% del primer quintil, (más
pobres); y 64% del segundo quintil (pobres). Precisó, no obstante, que no todos
los afiliados al SIS se encuentran en condición de pobreza relativa, lo que
implica un problema de filtración.
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Detalló que en el 2011,
del 100% de afiliados al SIS solo el 55% estaba en condición de pobreza
mientras que el 45% era no pobre. Aclaró, sin embargo, que se debe tener en
cuenta la situación de ese tercer quintil (no pobre) que no tiene seguro con
EsSalud y debe afrontar enfermedades catastróficas. En cuanto a si los
afiliados pobres al SIS acceden a la atención de salud en los establecimientos
del Ministerio de Salud (MINSA) cuando se sienten enfermos, informó que, en el
2011, solo logró acceso un poco menos de un tercio de dicha población.
En el ámbito urbano solo
el 29% logró atención en establecimientos del MINSA, el 30% consultó en otro
tipo de establecimiento de salud (generalmente privado) o efectuó consulta
directamente con farmacia; y el 40% restante recurrió solo a remedios caseros. También
indicó que los afiliados pobres que logran acceder vienen incrementando la
compra de medicamentos con sus propios recursos. Entre el 2007 y 2011, el
porcentaje de afiliados SIS en pobreza que consulta y obtiene gratuidad total
en el acceso los medicamentos ha disminuido, sobretodo en la atención
hospitalaria.
En el primer nivel de
atención, este porcentaje pasó de 88.3 a 82.3%, mientras que, en la atención en
hospitales cayó de 70% al 47.5%. En la población urbana esta gratuidad bajó de
81.7 al 70% en el primer nivel de atención y de 69.7 a 46.9% en los que acuden
a hospitales. En la población rural se reduce en quienes consultan en el primer
nivel de atención (de 91.3 a 87.2%) al igual que entre quienes lo hacen a
hospitales (de 70.8 a 49.5%).
En lo que respecta a las
regiones de Arequipa y Piura, dijo que entre el 2007 y 2011 la pobreza
disminuyó a un ritmo mucho mayor que la mejora en el desarrollo y la inclusión
social.
La pobreza se redujo en
Arequipa por encima del promedio nacional: la pobreza extrema del 2.5 al 1.4% y
la no extrema del 20.5 al 10.1% mientras que el porcentaje de hogares urbanos
con conexión de agua dentro de la vivienda subió del 70.5 al 76.9% y del
desagüe conectado a la red pública a la vivienda mejoró sólo del 68.5 al 70%.
Y en Piura, la disminución
de la pobreza fue menor al promedio nacional: la pobreza extrema disminuyó del
13.3 al 8.3% y la no extrema lo hizo del 40.8 al 26.4%, lo que muestra, todavía
niveles preocupantes de pobreza. Aún así la red pública en agua dentro de la
vivienda sólo pasó del 82.0 al 85.2% y el desagüe dentro de la vivienda del
62.2 al 68.7%.
En Arequipa el pago total
por las medicinas fue del 57% del total de pacientes SIS en pobreza cuando se
atendieron en establecimientos del primer nivel versus el 46% en Piura. No
obstante, en la atención a hospitales, el SIS pagó la totalidad de los
medicamentos prescritos solo en el 30% en Arequipa versus un porcentaje similar
(31%) en Piura.
PRINCIPALES
IDEAS
1. Entre los años 2007 y 2011 el desarrollo
y la inclusión social ha estado bastante por debajo del ritmo del crecimiento
económico e incluso, de la disminución de la pobreza. Resultados como el escaso
avance en la infraestructura social, el mantenimiento del embarazo adolescente
y la violencia física de la pareja, como ejemplos, plantean no sólo un problema
de falta de presencia del Estado en las áreas/grupos más vulnerables, sino
también un severo problema al interior de los hogares y de las demás
instituciones como las escuelas que son parte del proceso de socialización de
las personas.
2. Es indudable el logro político y legal de
haber puesto a la población en condición de pobreza como sujeto de prioridad en
la atención de salud. No obstante, en el desenvolvimiento del Seguro Integral
de Salud, pieza fundamental para el acceso de dicha población se han puesto en
evidencia las restricciones de la oferta pública. No basta con haber afiliado a
cerca de 11 millones de persona. Una limitada rectoría del MINSA, un
presupuesto sumamente restringido asignado al funcionamiento del SIS que no
guarda correlato con la rápida expansión en su afiliación y una oferta con
limitaciones de personal especializado, insumos y condiciones adecuadas de
atención muestran que dos tercios de los afiliados en condición de pobreza y
sintiéndose enfermos, no logran acceder a la atención, lo que vulnera el
derecho contraído.
3. En un país donde solo el 25% de su
población ocupada se desenvuelve en condiciones formalidad laboral (léase tiene
por lo menos a EsSalud), puede ocurrir que personas con limitada capacidad
adquisitiva y en riesgo de una enfermedad catastrófica se afilien al SIS. Esta
situación de “filtración” esconde la necesidad de una mayor formalización
laboral basada en ventajas y no en mayores cargas.
4. Los retos que enfrentamos son arduos.
Hacer realidad el aseguramiento público requiere de una rectoría fuerte,
consistente y que pueda gobernar con liderazgo en un contexto descentralizado,
al que, sin duda, hay que aplicar reglas y hacer respetar normas nacionales;
también se impone una capacidad de fiscalización sectorial e intersectorial
contra riesgos en salud. Si a eso se agrega la complejidad epidemiológica y el
envejecimiento poblacional, al que hemos hecho referencia, se impone la
redefinición del modelo de atención –de corte materno–infantil limitada al
establecimiento hacia uno que incorpore el diagnostico y tratamiento de
crónicas en el primer nivel y cuente con redes dinámicas de referencia de
personas e insumos. En este tema, parece percibirse que todavía no tenemos un
modelo eficaz para atender a la población rural dispersa, lo que podría
pensarse desde una óptica no sectorial sino integradora, tal como módulos de
docencia, atención salud, saneamiento, mejora de cultivos y construcción de
viviendas, entre otros.
5. Finalmente, poner en discusión el rol de
la población: no es lo mismo ser un consumidor que se guía por las propagandas
que ser un consumidor adecuadamente informado. No es lo mismo ser una persona
que un ciudadano con derechos y obligaciones. No es lo mismo estar solo que
pertenecer a una agrupación.
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